Guía gráfica de los plazos en el proceso civil

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Guía gráfica de los plazos en el proceso civil

Febrero de 2011

Fuente: Revista Otrosí, del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid – www.otrosi.net

Autora: Marta GARCÍA PALACIOS
Abogada en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid

Este artículo ha sido publicado en el diario La Ley del 7 de febrero de 2011.

En el Título V del Libro dedicado a las disposiciones generales relativas a los juicios civiles se aloja el Capítulo consagrado al tiempo de las actuaciones procesales (días hábiles e inhábiles, plazos y su cómputo, preclusión…). Su estudio sirve de marco a la guía gráfica de plazos que publicamos en el anexo Herramientas.

 

I. INTRODUCCIÓN

Las actuaciones procesales están íntimamente relacionadas con los principios inspiradores del proceso y del procedimiento, siempre en armonía con el derecho a la tutela judicial efectiva que proclama el art. 24 de la Constitución Española. Tanto el Tribunal como las partes realizan actos procesales, cuyo fin último es que el procedimiento avance hacia la consecución de una solución del conflicto planteado. Dentro de todo este engranaje, adquieren especial relevancia los llamados plazos procesales, entendidos como el tiempo o término en que debe realizarse o dejar de realizarse una concreta actuación procesal.

II. EL TIEMPO DE LAS ACTUACIONES PROCESALES.

La regulación del tiempo de las actuaciones procesales está contenida en el Libro I, Título V, Capítulo II, Sección I, de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC). Concretamente, dicha regulación se encuentra en los arts. 130 y 131. El art. 130 LEC se ocupa en su apartado primero de los días y horas hábiles:

— Art. 130.1: «Las actuaciones judiciales habrán de practicarse en días y horas hábiles».

— Art. 130.2: «Son días inhábiles a efectos procesales los sábados y domingos, y los días 24 y 31 de diciembre, los días de fiesta nacional y los festivos a efectos laborales en la respectiva Comunidad Autónoma o localidad. También serán inhábiles los días del mes de agosto».

— Art. 130.3: «Se entiende por horas hábiles las que median desde las ocho de la mañana a las ocho de la tarde, salvo que la Ley, para una actuación concreta, disponga otra cosa. Para los actos de comunicación y ejecución también se considerarán horas hábiles las que transcurren desde las ocho hasta las diez de la noche».

En concordancia con este precepto, deben citarse los arts. 182 a 185, 188, 189 y 238 a 243 de la LO 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ). También deben tenerse en cuenta el art. 1812 LEC de 1881, y los arts. 8 y 9 del Reglamento 1/2005 del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales.

La Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de Reforma de la Legislación Procesal para la Implantación de la Nueva Oficina Judicial, modificó el párrafo segundo del art. 130 LEC incluyendo entre los días inhábiles a efectos procesales los sábados, los domingos y los días 24 y 31 de diciembre, como ya se contemplaba en la LOPJ tras la reforma por LO 19/2003.

Al regular la inhabilidad del mes de agosto, el precepto se está refiriendo al cómputo de plazos señalados por días, y no por meses o años, que siempre se cuentan de fecha a fecha sin exclusión de días inhábiles. Para el ejercicio de acciones resulta de aplicación el cómputo civil de los plazos recogido en el art. 5 CC, por lo que no se excluyen los días inhábiles.

Por eso, hay que tener especial precaución con la caducidad o la prescripción de las acciones. La STS de 22 de enero de 2009 (rec. 1213/2004) distingue entre los plazos civiles y los plazos procesales señalando que «solo ofrecen carácter procesal los que tengan su origen o punto de partida en una actuación de igual clase (notificación, citación, emplazamiento o requerimiento), pero no cuando se asigna el plazo para el ejercicio de una acción».

Por otra parte, el art. 131 LEC regula la posibilidad de habilitación de los días y horas inhábiles:

— Art. 131.1: «De oficio o a instancia de parte, los Tribunales podrán habilitar los días y horas inhábiles, cuando hubiere causa urgente que lo exija. Esta habilitación se realizará por los Secretarios Judiciales cuando tuviera por objeto la realización de actuaciones procesales que deban practicarse en materias de su exclusiva competencia, cuando se tratara de actuaciones por ellos ordenadas o cuando fueran tendentes a dar cumplimiento a las resoluciones dictadas por los Tribunales».

— Art. 131.2: «Se considerarán urgentes las actuaciones del Tribunal cuya demora pueda causar grave perjuicio a los interesados o a la buena administración de justicia, o provocar la ineficacia de una resolución judicial».

— Art. 131.3: «Para las actuaciones urgentes a que se refiere el apartado anterior serán hábiles los días del mes de agosto, sin necesidad de expresa habilitación. Tampoco será necesaria la habilitación para proseguir en horas inhábiles, durante el tiempo indispensable, las actuaciones urgentes que se hubieren iniciado en horas hábiles».

— Art. 131.4: «Contra las resoluciones de habilitación de días y horas inhábiles no se admitirá recurso alguno».

La posibilidad de habilitación de los días y horas inhábiles tiene la finalidad de evitar un grave perjuicio a los interesados, y a la buena administración de justicia, así como de evitar la ineficacia de una resolución judicial.

No necesitan especial habilitación los días del mes de agosto para actuaciones urgentes. Para los actos de jurisdicción voluntaria son hábiles todos los días y horas sin excepción, por expresa disposición del art. 1812 LEC de 1881, todavía en vigor.

III. PLAZOS Y TÉRMINOS.

El plazo procesal es el período de tiempo en que debe realizarse una actuación procesal, con un momento inicial (dies a quo) y con un momento final (dies ad quem). El término es el momento en el tiempo, determinado por día y hora, en que debe realizarse. El cumplimiento de los plazos y términos es uno de los presupuestos de validez de los actos procesales. Todos los términos procesales son de caducidad, no de prescripción. Su regulación procesal se encuentra en los arts. 132 a 135 LEC. El art. 132 se ocupa de los plazos y los términos con el siguiente tenor literal:

— Art. 132.1: «Las actuaciones del proceso se practicarán en los términos o dentro de los plazos señalados para cada una de ellas».

— Art. 132.2: «Cuando no se fije plazo ni término, se entenderá que han de practicarse sin dilación».

— Art. 132.3: «La infracción de lo dispuesto en este artículo por los Tribunales y personal al servicio de la Administración de Justicia de no mediar justa causa será corregida disciplinariamente con arreglo a lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, sin perjuicio del derecho de la parte perjudicada para exigir las demás responsabilidades que procedan».

En concordancia con este artículo, también deben tenerse en cuenta los arts. 292, 411 a 413, 464, 465 y 534 a 540 de la LOPJ y el RD 796/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general de régimen disciplinario del personal al servicio de la Administración de Justicia.

Los Tribunales y el personal al servicio de la Administración de Justicia pueden incurrir en infracción disciplinaria y personal en el caso de no respetar los plazos que fija la Ley sin causa justificada (arts. 132 y 211 LEC, que se refieren a los plazos en los que deben dictarse las resoluciones). Pero el principio de preclusión no rige para los actos del órgano jurisdiccional como para los actos de las partes, es así como surge la doctrina de los plazos impropios para referirse a los primeros.
El Tribunal Constitucional ha analizado la relación del respeto a los plazos procesales fijados a los órganos jurisdiccionales con el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas, llegando a la conclusión de que, desde la perspectiva constitucional, este derecho no conlleva la necesidad imperiosa de respetar los plazos que las Leyes fijan a los órganos judiciales, siempre que los asuntos se resuelvan y decidan dentro de un plazo razonable.

De la regulación procesal del cómputo de los plazos se encarga el art. 133 LEC, en concordancia con los arts. 182, 183, 185 y 267 LOPJ; con los arts. 28.3, 130, 134, 135, 151, 178, 210, 212, 236 a 240, 276 a 278 de la propia LEC; con el art. 5 CC, y con la disposición final 5.ª de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

IV. CÓMPUTO DE LOS PLAZOS.

La regulación del cómputo de los plazos la encontramos en el art. 133 LEC, que dice literalmente:

— Art. 133.1: «Los plazos comenzarán a correr desde el día siguiente a aquel en que se hubiere efectuado el acto de comunicación del que la Ley haga depender el inicio del plazo, y se contará en ellos el día del vencimiento, que expirará a las veinticuatro horas. No obstante, cuando la Ley señale un plazo que comience a correr desde la finalización de otro, aquél se computará, sin necesidad de nueva notificación, desde el día siguiente al del vencimiento de éste».

— Art. 133.2: «En el cómputo de los plazos señalados por días se excluirán los inhábiles. Para los plazos que se hubiesen señalado en las actuaciones urgentes a que se refiere el apartado 2 del art. 131 no se considerarán inhábiles los días del mes de agosto y solo se excluirán del cómputo los sábados, domingos y festivos».

— Art. 133.3: «Los plazos señalados por meses o por años se computarán de fecha a fecha. Cuando en el mes del vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se entenderá que el plazo expira el último del mes».

— Art. 133.4: «Los plazos que concluyan en sábado, domingo u otro día inhábil se entenderán prorrogados hasta el siguiente hábil».

Se excluye del cómputo el día inicial, por lo que el momento en el que empieza a correr el plazo es el día siguiente a aquel en que se comunicó la resolución judicial. Cuando el cómputo de los plazos es por días, se excluyen los inhábiles de conformidad con el art. 131, y se prorroga al siguiente día hábil en el supuesto de que el día de vencimiento sea inhábil. En el caso de que sea el cómputo por meses o por años, se realiza de fecha a fecha, a semejanza de lo establecido en el art. 5 CC, y se aplicará la prórroga al primer día hábil siguiente en el caso de que la fecha de finalización de ese plazo fuere inhábil.

El vencimiento del plazo expira a las veinticuatro horas del último día, y por lo tanto fuera del horario normal de los Registros para la presentación de los documentos. Es por eso que se ha regulado específicamente esta eventualidad en el art. 135 LEC.

En cuanto a los actos de comunicación, lo decisivo para computar el inicio del plazo es que este acto se haya realizado en legal forma, y no que el sujeto al que va dirigido haya tenido o no conocimiento del mismo.

V. IMPRORROGABILIDAD DE LOS PLAZOS

Otro aspecto que tener en cuenta en la regulación de los plazos procesales es el de la improrrogabilidad de los mismos, que se recoge en el art. 134:

— Art. 134.1: «Los plazos establecidos en esta Ley son improrrogables».

— Art. 134.2: «Podrán, no obstante, interrumpirse los plazos y demorarse los términos en caso de fuerza mayor que impida cumplirlos, reanudándose su cómputo en el momento en que hubiera cesado la causa determinante de la interrupción o demora. La concurrencia de fuerza mayor habrá de ser apreciada por el Secretario Judicial mediante decreto, de oficio o a instancia de la parte que la sufrió, con audiencia de las demás. Contra este decreto podrá interponerse recurso de revisión que producirá efectos suspensivos».

La improrrogabilidad de los plazos supone que, una vez agotados, ya no puede realizarse la actuación concreta afectada por ese plazo, y se produce la preclusión procesal. El principio de preclusión es consecuencia directa del mandato constitucional contenido en el art. 117.3 CE que manda a los Tribunales ejercer su función jurisdiccional por el cauce establecido en las normas de procedimiento. Las Leyes procesales establecen cuál es el momento en que pueden llevarse a cabo cada uno de los actos procesales, y solo pueden realizarse en ese concreto momento o plazo en aras a garantizar la igualdad de armas en el proceso y la contradicción entre las partes, evitando la indefensión. Sin embargo, la excepción a este principio está en la concurrencia de supuestos de fuerza mayor, no imputables a la parte. Tras la reforma operada por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de Reforma de la Legislación Procesal para la Implantación de la Nueva Oficina Judicial, corresponde al Secretario Judicial apreciar por decreto la concurrencia de fuerza mayor que interrumpa la preclusión del plazo. Además, el recurso de revisión que cabe frente a ese decreto tiene efectos suspensivos para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva.

También deben recordarse otros supuestos en los que se suspende el cómputo de los plazos, y no se produce la preclusión, como cuando las partes solicitan de común acuerdo la suspensión del proceso, o cuando el demandado solicita el beneficio de justicia gratuita hasta que se resuelva el expediente.

VI. TIEMPO PARA LA PRESENTACIÓN DE ESCRITOS.

En relación con el vencimiento del término a las veinticuatro horas del último día del plazo, cuando los Registros no están abiertos, se establece una importante regulación que soluciona este problema en el art. 135 LEC, sobre «presentación de escritos, a efectos del requisito de tiempo de los actos procesales».

— Art. 135.1: «Cuando la presentación de un escrito esté sujeta a plazo, podrá efectuarse hasta las 15 horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo, en el servicio común procesal creado a tal efecto, o, de no existir éste, en la sede del órgano judicial».

— Art. 135.2: «En las actuaciones ante los Tribunales civiles, no se admitirá la presentación de escritos en el Juzgado que preste el servicio de guardia».

— Art. 135.3: «El funcionario designado para ello estampará en los escritos de iniciación del procedimiento y de cualesquiera otros cuya presentación esté sujeta a plazo perentorio el correspondiente sello en el que se hará constar la oficina judicial ante la que se presenta y el día y hora de la presentación».

— Art. 135.4: «En todo caso, se dará a la parte recibo de los escritos y documentos que presenten con expresión de la fecha y hora de presentación. También podrá hacerse constar la recepción de escritos y documentos en copia simple presentada por la parte».

— Art. 135.5: «Cuando las oficinas judiciales y los sujetos intervinientes en un proceso dispongan de medios técnicos que permitan el envío y la normal recepción de escritos iniciadores y demás escritos y documentos, de forma tal que esté garantizada la autenticidad de la comunicación y quede constancia fehaciente de la remisión y recepción íntegras y de la fecha en que se hicieren, los escritos y documentos podrán enviarse por aquellos medios, acusándose recibo del mismo modo y se tendrán por presentados, a efectos de ejercicio de los derechos y de cumplimiento de deberes en la fecha y hora que conste en el resguardo acreditativo de su presentación. En caso de que la presentación tenga lugar en día u hora inhábil a efectos procesales conforme a la Ley, se entenderá efectuada el primer día y hora hábil siguiente. A efectos de prueba y del cumplimiento de requisitos legales que exijan disponer de los documentos originales o de copias fehacientes, se estará a lo previsto en el art. 162.2 de esta Ley. Cuando la presentación de escritos perentorios dentro de plazo, por los medios técnicos a que se refiere este apartado, no sea posible por interrupción no planificada del servicio de comunicaciones telemáticas o electrónicas, el remitente podrá proceder a su presentación en la oficina judicial el primer día hábil siguiente acompañando el justificante de dicha interrupción».

— Art. 135.5: «En cuanto al traslado de los escritos y documentos, se estará a lo dispuesto en el Capítulo IV, del Título I, del Libro II, pero podrá aquél efectuarse, a los procuradores o a las demás partes, conforme a lo previsto en el apartado anterior, cuando se cumplan los requisitos que establece».

Esta regulación responde a la doctrina constitucional del derecho de las partes a disponer de los plazos en su totalidad, solventando el problema del horario de las oficinas judiciales por lo que respecta a la presentación de escritos dentro del plazo que la Ley concede, y permitiendo que los mismos puedan presentarse hasta las 15 horas del siguiente día hábil al del vencimiento del plazo.

Además introduce una gran novedad acorde con las nuevas tecnologías, que es la posibilidad de utilización para la presentación de escritos de medios técnicos siempre que se garantice la autenticidad de los mismos y quede constancia fehaciente de la remisión y recepción íntegras y de la fecha en que se hicieren, previéndose también que se acuse recibo de los mismos. El principal problema de esto es dotar en la práctica a las oficinas judiciales de esos medios técnicos.

VII. PRECLUSIÓN.

El principio de preclusión se regula en el art. 136 LEC: «Transcurrido el plazo o pasado el término señalado para la realización de un acto procesal de parte se producirá la preclusión y se perderá la oportunidad de realizar el acto de que se trate. El Secretario Judicial dejará constancia del transcurso del plazo por medio de diligencia y acordará lo que proceda o dará cuenta al Tribunal a fin de que dicte la resolución que corresponda».

La preclusión supone la pérdida o extinción de una concreta actuación procesal, y se relaciona íntimamente con el principio de improrrogabilidad de los plazos; la finalidad de este principio es evitar las dilaciones indebidas en el proceso. La validez de cada acto procesal viene determinada por el hecho de que se realice en el momento procesal oportuno.

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